Las exportaciones de armas de España con destino a África suponen el 6% 
del total de este comercio, denuncia el documento, y entre 2002 y 2010 
supusieron para el Estado 402,6 millones de euros. A diferencia del 
conjunto de la UE, España exporta mayoritariamente a los países del 
norte de África (el 83,41% del total de las transferencias de armamento 
al continente africano).
El principal cliente de la industria armamentística española en África 
ha sido Marruecos (191,8 millones), precisamente el país que en 1975 se 
anexionó el Sáhara Occidental, un conflicto que 37 años después sigue 
pendiente de resolución.
Le siguen Argelia (117,8 millones), Botsuana (44,9 millones), Ruanda 
(15,2 millones), Libia (15,1 millones), Egipto (6 millones), Ghana (3,2 
millones), Mauritania (2,9 millones), Suráfrica (1,4 millones), y Túnez 
(1,1 millones).
Lo que se desprende de estos datos es que España no es una excepción 
dentro del panorama de escasos escrúpulos del conjunto de la UE a la 
hora de vender armas a países que reprimen a sus poblaciones y que 
carecen de unos mínimos de democracia y de bienestar.
El informe destaca un aspecto particularmente acusado en el caso 
español: el secretismo. En España, la información sobre la exportación 
de material de defensa está clasificada como "secreto de Estado" y las 
actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de 
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza 
la venta de material bélico, son confidenciales.
"En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la ciudadanía
 conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo de material
 de defensa se exporta", asegura el texto.
En ocasiones, el manto de silencio con el que se cubre la manga ancha 
con la que el Estado interpreta la legislación europea e incluso la 
española se rasga. Fue lo que sucedió en abril de 2011 cuando la 
organización Human Rights Watch reveló que el ejército libio había 
utilizado bombas de racimo MAT-120 en su ofensiva sobre Misrata. Estas 
bombas las fabrica la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza, de la que
 el ahora ministro de Defensa Pedro Morenés fue consejero.
Fuente: Mas Público
 "Me parece bochornoso que luego el estado y sus ONG afines al gobierno,
 nos inunden con anuncios como la foto de más arriba pidiendo nuestra 
caridad, nuestro dinero, para ayudar a estos pueblos, a sus niños con 
apadrinamientos, cuando a espaldas de la población española nuestro 
gobierno, quienes se enriquecen con las armas, les están vendiendo 
muerte, genocidio, pobreza y enfermedades ". Juzguen ustedes.


 
 
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