Las exportaciones de armas de España con destino a África suponen el 6%
del total de este comercio, denuncia el documento, y entre 2002 y 2010
supusieron para el Estado 402,6 millones de euros. A diferencia del
conjunto de la UE, España exporta mayoritariamente a los países del
norte de África (el 83,41% del total de las transferencias de armamento
al continente africano).
El principal cliente de la industria armamentística española en África
ha sido Marruecos (191,8 millones), precisamente el país que en 1975 se
anexionó el Sáhara Occidental, un conflicto que 37 años después sigue
pendiente de resolución.
Le siguen Argelia (117,8 millones), Botsuana (44,9 millones), Ruanda
(15,2 millones), Libia (15,1 millones), Egipto (6 millones), Ghana (3,2
millones), Mauritania (2,9 millones), Suráfrica (1,4 millones), y Túnez
(1,1 millones).
Lo que se desprende de estos datos es que España no es una excepción
dentro del panorama de escasos escrúpulos del conjunto de la UE a la
hora de vender armas a países que reprimen a sus poblaciones y que
carecen de unos mínimos de democracia y de bienestar.
El informe destaca un aspecto particularmente acusado en el caso
español: el secretismo. En España, la información sobre la exportación
de material de defensa está clasificada como "secreto de Estado" y las
actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), el organismo que autoriza
la venta de material bélico, son confidenciales.
"En la práctica, el secretismo se utiliza para impedir que la ciudadanía
conozca a qué países se está vendiendo armamento y qué tipo de material
de defensa se exporta", asegura el texto.
En ocasiones, el manto de silencio con el que se cubre la manga ancha
con la que el Estado interpreta la legislación europea e incluso la
española se rasga. Fue lo que sucedió en abril de 2011 cuando la
organización Human Rights Watch reveló que el ejército libio había
utilizado bombas de racimo MAT-120 en su ofensiva sobre Misrata. Estas
bombas las fabrica la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza, de la que
el ahora ministro de Defensa Pedro Morenés fue consejero.
Fuente: Mas Público
"Me parece bochornoso que luego el estado y sus ONG afines al gobierno,
nos inunden con anuncios como la foto de más arriba pidiendo nuestra
caridad, nuestro dinero, para ayudar a estos pueblos, a sus niños con
apadrinamientos, cuando a espaldas de la población española nuestro
gobierno, quienes se enriquecen con las armas, les están vendiendo
muerte, genocidio, pobreza y enfermedades ". Juzguen ustedes.
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